Foto: Paulina Cajilema
La pandemia profundizó la brecha de desigualdad social y la injusticia, quienes poseen mayor poder adquisitivo y están ligados al control del Estado pudieron beneficiarse, mientras quienes vivían de sus ventas diarias, tenían que escoger, entre si desayunaban, almorzaban o merendaban, es decir, comer una sola vez al día.
Hoy, cuando en el mundo habla de una vacunación masiva, se genera una expectativa entre todos los ecuatorianos para que lleguen a toda la población, representan una esperanza para garantizar la salud, pero también para la reactivación económica. Sin embargo, de las primeras ocho mil dosis de la fase cero, no se sabe con claridad quiénes fueron los beneficiarios, a nuestra conciencia debieron ser: personal médico y sanitario.
A los pocos días conocimos que el exministro Juan Carlos Zevallos, ahora huído en Estados Unidos, encabezó un proceso secreto de distribución de vacunas que privilegió a familiares de los potentados (poderosos), funcionarios de alto rango, entre otros, quienes nos demostraron que tener acceso a una vacuna es un privilegio y no lo hacemos mención como un agradecimiento, sino que se necesita tener las influencias necesarias para que su vida sea considerada sobre las del resto.
El plan de vacunación continúa y el próximo grupo a vacunarse serán las personas mayores a 65 años, quienes, en su gran mayoría, no manejan los equipos electrónicos, no poseen correos y tienen dificultad para acceder a Internet y a la página del gobierno para inscribirse, lo cual debe preocuparnos, al intentar generarse una cortina de humo para que más miembros privilegiados reciban todas las dosis.
La vacunación debe llegar a todos, suministrar a los que faltan de la primera línea, personal médico, sanitario, fuerza policial y militar, también con urgencia aquellos trabajadores autónomos e informales que día a día se arriesgan para llevar los recursos económicos para sobrevivir, a aquella población que esta en los mercados, plazas o ejercen una actividad de comercio y tienen mas posibilidades de contagiarse. Si el retorno a clases es una realidad los niños y docentes no pueden ser excluidos.
Con la autorización emitida por el Procurador General del Estado para que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (Municipios) puedan adquirir las vacunas, es momento de exigir su gestión y su aplicación a todos los cotopaxenses, mediante procesos de veedurías ciudadanas y control social.
