Los taxis ejecutivos y convencionales llegaron al dirección municipal de movilidad, hoy convertida en empresa pública. Foto: Redes Sociales

La unión de cooperativas de taxis convencionales de Cotopaxi, piden que se coloquen sellos municipales en vehículos ejecutivos y convencionales supuestamente para regular el trabajo. Esto serviría para hacer que las unidades presten sus servicios en el lugar donde fueron creadas y así evitar caotizar la ciudad.

Así lo explicó Ramiro Zumba, presidente de la Unión que, agrupa a cerca de 800 unidades convencionales. “Solicitamos el fiel cumplimiento a la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre”, enfatizó.

Sin embargo, los ejecutivos y convencionales que no forman parte de la Unión, cuestionan que se quiera “imponer normas al taxi ejecutivo”. Ibeth Balladares, representante de los ejecutivos y convencionales de Cotopaxi, aseguró que, desde la Unión, se pretende ingresar un estudio parcializado unilaterial que beneficia únicamente a quienes pertenecen a la Unión.

Con ese documento “pretenden crear paradas solo para ellos, cambiar la presentación al taxi ejecutivo, e incluso la creación de nuevos taxis en las parroquias”, mencionó Balladares. Ante esta situación se fusionaron 22 compañías que aglutina a alrededor de 1.200 unidades entre taxis ejecutivos y convencionales para impedir que este documento de la Unión sea aprobado.

En este contexto, este miércoles 27 de julio, hubo una movilización. Los taxis de la Unión llegaron al Municipio para hablar con el alcalde de Latacunga Byron Cárdenas, y los ejecutivos y convencionales se trasladaron a la Empresa Pública de Movilidad. Posteriormente también llegaron al Municipio. Ambas organizaciones fueron recibidas por la primera autoridad municipal.

Valladares recordó que la facultad de crear estudios es de la Empresa Pública de Movilidad y no de la Unión. Además, “la legalización de la normativa le corresponde al Concejo Municipal”. Sin embargo, Zumba insistió que, “no es un capricho de la Unión; sino eso está en la ley. Los señores no quieren dar un servicio para lo que fueron creados. No les conviene”, precisó.

A decir de Balladares, ellos sí están de acuerdo con que  se coloquen sellos pero “solicitamos que sea la Empresa Pública de Movilidad con base en sus normas técnicas. Nos parecen un abuso de autoridad imponer normas a los que no pertenecemos a la Unión”, manifestó.

Por eso piden tres cosas: que se entregue una copia certificada de los estudios que se pretenden aprobar, que les inviten a las mesas de trabajo y que exista una socialización antes de ser aprobado cualquier documento.