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TRANSPORTE COMUNITARIO EXIGE SER RECONOCIDO SIN CONTRADICCIONES

TRANSPORTE COMUNITARIO EXIGE SER RECONOCIDO SIN CONTRADICCIONES

Foto: Durante la marcha realizada el miércoles 9 de mayo en Salcedo.

Manuel Ugsha tiene 48 años, vive en la comunidad de Yahahurco, en la parroquia Cusubamba del cantón Salcedo – Cotopaxi. Es agricultor, produce papas y habas. Cuando pasa el tiempo de la cosecha y debe migrar sus productos a la ciudad, empieza su periplo. A la parroquia avanzan los buses de transporte urbano, pero no hasta su comunidad.

Manuel se vale y se ha valido siempre de sus vecinos, propietarios de camionetas de flete (alquiler) para movilizar sus productos. “Aquí nos conocemos entre todos, los dueños de las camionetas son los que nos ayudan, de lo contrario no tendríamos como bajar a la ciudad”, contó.

El agricultor se refiere al llamado transporte comunitario; camionetas que no pertenecen a cooperativas, tampoco están asociados, ni legalizados, pero hacen carreras a los comuneros. Siempre ha funcionado desde siempre, sin embargo, durante el gobierno de Rafael Correa, se vetó su existencia. El expresidente sostenía que es un transporte “inhumano”, pero no se dio alternativa alguna.

Durante más de diez años, las organizaciones comunitarias insistieron para que, por medio de la Asamblea Nacional se reconozca al transporte comunitario como legal. Sin mayores resultados, hasta hace poco, logró ser reconocida en la Ley de Tránsito aprobada el 30 de abril de 2021.

Sin embargo, esto no es una garantía, este trabajo continúa sin ser reconocido legalmente y los dueños de las camionetas enfrentan multas cuando llegan hasta las ciudades. En este contexto la mañana del miércoles 9 de junio, dirigentes y comuneros de la Federación de Comunidades y Organizaciones del Cantón Salcedo (Fecos), realizó una marcha pacífica, primero hasta el Municipio y luego a la Empresa Pública de Movilidad de la Mancomunidad de Cotopaxi.

Leonidas Iza, presidente del Movimiento Indígena  y Campesino de Cotopaxi (MICC), reclamó que las economías más vulnerables, son afectadas al no permitir que se desarrolle el transporte comunitario; la producción se queda “varada” en estos espacios. Lamentó que muchos de los propietarios de las camionetas se quedan sin dinero al pagar las sanciones que se les impone al no dejarlos trabajar.

Por el momento solicitan que se les asigne al menos una parada; en ella podrían justificar y respaldar su presencia, evitando enfrentamientos con el trasporte formal.

Peter Calo, asambleísta provincial por Pachakutik, explicó que, pese al reconocimiento del trasporte comunitario en la Ley, “existe una contradicción;  donde hay transporte público no puede haber camionetas comunitarias”. Con ello se seguiría coartando la libertad del transporte.

Lo mismo reconoció Daniela Karolys, gerente de la Empresa Pública de Movilidad de la Mancomunidad de Cotopaxi, quien le pidió a Calo que desde la Asamblea se busque ese camino legal para poder ayudar a legalizar el transporte comunitario.

“Sabemos que son estas camionetas (comunitarias), las que movilizan  las personas enfermas, en apuros, entendemos perfectamente esa realidad”, dijo Karolys, mientras los marchantes alentaron su intervención.

La marcha que no fue atendida por el alcalde de Salcedo, William Naranjo, por su estado de salud, fue recibida por la vicealcaldesa Blanca Bombón que apoyó el pedido de los marchantes. Las autoridades se comprometieron en conjunto a presionar para que, desde las instancias legales se den luces para que este trabajo deje de ser perseguido.  

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