SALARIO DIGNO

INFORMAR Y OPINAR

Foto: Eduardo Guerrero Guevara, educomunicador.

Con la Ley Orgánica de Educación Intercultural de 2011, el escalafón del Magisterio nacional, sufrió un estancamiento profesional y salarial; el anterior escalafón determinaba la promoción de categorías cada cuatro años, previo a la asistencia a un curso de ascenso; también anualmente se incrementaba el subsidio de antigüedad; estos beneficios fomentaban que los ingresos del profesorado sean un incentivo a su desempeño.

Casi el 75% de los maestros se ubican en la categoría “G”, tienen un sueldo de 817 dólares mensuales; apenas el 0,5% alcanzan la categoría “A” con algo más de 1.400 dólares mensuales. Comparado con otros empleados del sector público que alcanzan mejores remuneraciones, más de 2.000 dólares.

La mayoría están bajo contratos o nombramientos provisionales, representando una inestabilidad laboral; esto se ha prestado para asuntos políticos, ventas de puestos y amenazas. La estabilidad laboral para los trabajadores es una responsabilidad del Estado, para que las personas gocen de una vida digna y tener una tranquilidad para mejorar su rendimiento profesional.

El educador en el modelador de los nuevos hombres y mujeres que se desenvolverán en la vida social, política y económica del país; aporta con la transmisión de conocimientos, pero al mismo tiempo con la formación en valores; luego de varios años de estudio se les inviste para esta noble profesión.

Su labor la realiza en condiciones favorables y adversas. Viaja diariamente a los establecimientos educativos, la gran mayoría con algunas horas en vehículos y también a pie; en sol, frío, lluvia o calor. Algunos trabajan en sectores alejados de su origen, donde pasan semanas y meses si ver a sus familiares; no cuenta con las condiciones necesarias para vivir, la vivienda del maestro se reduce a un cuarto.

Ante las demandas de los docentes desde la asociación gremial; gobiernos y legisladores acogieron los planteamientos económicos, incluyeron en cuerpos legales escalas salariales que en algo palearon sus necesidades. El año anterior, la Corte Constitucional consideró que el alza de la remuneración era justa y ordenó a la Asamblea Nacional que reforme la normativa aprobada e incluya las fuentes de financiamiento; así lo hizo.

Luego de más de 10 años de haberse congelado sus sueldos, se hizo justicia; esto sin duda servirá para en algo mejorar las condiciones de vida con un salario digno; falta establecer los mecanismos para otorgar nombramientos definitivos garantizando la estabilidad laboral que redundará en la estabilidad familiar.

La voz disonante es del Poder Ejecutivo indicando que es un gasto sin financiamiento e incrementará el déficit del presupuesto nacional; ante esto deberá buscar los mecanismos necesarios y cumplir con el mandato.

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