Durante el plantón en los exteriores de la Gobernación de Cotopaxi. Foto: cortesía
Con carteles en mano y en medio de consignas, trabajadores de la Salud del distrito Latacunga, llegaron hasta los bajos de la Gobernación de Cotopaxi, la tarde del jueves 13 de agosto, para exigir mayores garantías de seguridad al interior del Centro de Privación de Libertad (CPL), donde laboran alrededor de 30 profesionales desde hace siete años.
Hasta antes de los disturbios del 21 y 22 de julio del 2021, Los dispensarios médicos estaban ubicados en los cuatro pabellones; después el personal de la salud fue trasladado hasta un área denominada ‘El Tomatito’ que está un poco distanciada de los pabellones. El cambio se dio por los daños en la infraestructura.
Sin embargo, exigen otro sitio más alejado de los pabellones para laborar en un lugar más seguro. Aquí trabajan: médicos, enfermeras, odontólogos, auxiliares de enfermería y estadística, psicólogos y obstetras para el área de mujeres.
Freddy Iza, vocero de los profesionales de la Salud de Latacunga, manifestó que hace un año algunos compañeros fueron víctimas de amenazas, agresiones físicas y hasta de un intento de violación. “En el reciente amotinamiento, fueron retenidos por dos horas; no queremos ser futuras víctimas”, expresó.
Sostuvo que para llegar a los sitios de trabajo deben pasar por cuatro filtros y son tratados como un preso más. “Nos revisan todo”, dijo Iza. Otro de los planteamientos que proponen, es la rotación del personal de la salud del resto de cantones del país. “No es justo que solamente se le atribuya al distrito Latacunga; la cárcel alberga a reos de todo el país”, cuestionó.
En el distrito laboran alrededor de 400 personas, 300 son de la parte operativa y 100 del área administrativa. El personal de salud realiza una rotación periódica para trabajar en este centro carcelario cada seis meses. Personas vulnerables, en estado de gestación, periodo de lactancia, o con problemas psicológicos o psiquiátricos no pueden ingresar. El objetivo de la rotación es alargar los seis meses para que los profesionales ingresen cada año o dos años.
Iza aclaró que sí quieren trabajar, pero con garantías para resguardar su integridad. El pliego con los pedidos fue entregado al gobernador de Cotopaxi, Oswaldo Coronel, en su despacho.
