Foto: Paulina Cajilema, abogada en libre ejercicio.

La población civil, que ejercía su derecho a la protesta por las medidas económicas abusivas e injustas impuestas por el Decreto 883 del 1 de octubre de 2019, fue reprimida de la manera más brutal, mediante el uso excesivo de la fuerza pública en contra de una población que aclamaba mejores condiciones de vida y rechazaba la liberación del precio de los combustibles que precarizaba la ya inestable economía de las familias ecuatorianas.

La Comisión Especial para la Verdad y Justicia (CEVJ), entregó su informe al Defensor del Pueblo el pasado 17 de marzo, frente a los hechos de Octubre del 2019 y dentro del documento consta:  testimonios de 249 víctimas de violaciones de derechos humanos, perpetradas por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, 123 violaciones al derecho a la integridad personal, 38 violaciones al derecho a la libertad, 22 atentados contra el derecho a la vida, 20 lesiones oculares, 6 ejecuciones extrajudiciales y 3 casos de violencia sexual.

A los cotopaxenses se nos caracteriza por ser un pueblo guerrero, organizado y protagonista de levantamientos populares que han hecho temblar a gobiernos.  No era extraño que gran parte de nuestros coterráneos, se dirigieran a Quito para rechazar el Decreto 883, y también sean víctimas de los asesinatos, violencia y más testimonios.

Desde las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, recibimos aquí en la ciudad de Latacunga a la Comisionada Antonia Urrejola Noguera, relatora sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, quién recibió a los cotopaxenses heridos y sus testimonios al recibir directamente la represión estatal, por eso afirmamos que este informe, recoge la realidad de lo vivido en octubre.

El informe presentado, es un documento que favorece a los sectores populares y que golpea a la política represiva impulsada por el Estado y su ministro Oswaldo Jarrin, en el que se establece responsabilidades por los crímenes, torturas, tratos degradantes e inhumanos que existieron en octubre.

La determinación de la existencia de crímenes de lesa humanidad, tiene su asidero jurídico, pero sobre todo tiene un mensaje social para legitimar la protesta social como derecho humano de los pueblos frente al mal funcionamiento del Estado de Derecho. Hoy quienes utilizaron su poder estatal para reprimir, como en los años de dictadura, deben responder por sus actos contrarios al respeto de la vida, la libertad y dignidad humana.