Foto: Nelson Sánchez, abogado en libre ejercicio.
Les vamos a contar una historia, hace 22 años los ciudadanos de Cotopaxi, eligieron a un Prefecto, ilusionados por la propuesta de que la autoridad venía de un segmento de la sociedad que jamás había ostentado el poder, con la esperanza de haber sentido las necesidades en carne propia, pudiera aplicar políticas que beneficien a todos, en especial a los marginados, con ese ideal, esta persona ganó dos elecciones más.
Sin embargo, en su tercer periodo fue destituido por la Contraría General del Estado, por actuar contra normas expresas, incumpliendo las obligaciones que le imponían su cargo, entre ellas por nepotismo y por haber mantenido un sueldo superior al del propio presidente de la República, lo cual causó perjuicio, dice el informe, a las arcas del Gobierno Provincial.
Recordamos todo el sainete que se armó en el Consejo Provincial, con el destituido diciendo que ya presentó un recurso ante el Tribunal Contencioso Administrativo, con lo cual no estaba en firme la resolución y debía seguir en el cargo, una contestación a una consulta tanto de la Contraloría como Procuraduría, decía a los consejeros que, si no aplican esa resolución, ellos podrían ser los destituidos, al efecto, el alcalde de la Latacunga, de la época, muy diligente, mocionó la destitución.
Ahora el Prefecto destituido, pretende volver a ser elegido, (compartiendo lista con el Alcalde que mocionó su destitución) cuando ya vimos lo que hizo cuando tuvo la oportunidad. En ese contexto, los ciudadanos no podemos seguir siendo los convidados de piedra y debemos expresar a viva voz nuestro criterio y descontento contra estas prácticas, a pesar que el sistema está preparado para que sean solo los políticos quienes tengan algo que decir, sobre las objeciones e impugnaciones a las candidaturas.
Es por lo dicho que un grupo de ciudadanos agrupados en Foro Latacunga, ha presentado una impugnación a la candidatura de César Umajinga, pues al haber sido destituido por los cargos establecidos no podrá volver a ser Prefecto conforme lo determina el Art. 15 de la LOSEP.
Si bien el juzgamiento de esta impugnación lo definirán los políticos, los ciudadanos no podíamos quedarnos callados pensando en cálculos políticos, sino emitir un criterio en claro respeto a las normas jurídicas. Pase lo que pase en la resolución los ciudadanos han dejado un precedente donde les dicen a los políticos que les estamos observando y seremos sus fiscalizadores. (O)
