Foto: La reunión se realizó la mañana del viernes 14 de mayo.

Eran cerca de 100 personas. Todos segmentados en grupos. Unos hablaban bajo, otros a gritos. Emulaba un tiempo bíblico; la Torre de Babel, nadie entendida nada de lo que querían decir.

Estaban concentrados en un espacio amplio, grande, abierto; el estadio del barrio El Ejido de la parroquia Eloy Alfaro (Latacunga). Habían dos bandos: Aquellos que se dedican a la fabricación de bloques, los otros dueños de los tráileres que transportan este material de construcción hasta varios puntos del país.

La rencilla era clara. La molestia se produjo debido al incremento del costo del viaje a Guayaquil. Antes de la pandemia, los tráileres cobraban 200 dólares, tras la pandemia y con el alza del precio de los combustibles el precio subió a 350 dólares.

“Son costos inaccesibles, si pagamos eso, jugamos a perdida”, lamentó Santiago Cofre, en medio de la tertulia de los dueños de fábricas de bloques de la parroquia Eloy Alfaro, que nadie sabe cuántos son. No están organizados, y la desorganización les pasó factura. No hallan la manera de luchar contra lo que consideran injusto.

Santiago Cofre contó que, al no poder costear el precio que imponen los transportistas de Cotopaxi, prestaron oídos a propuestas más interesantes. Desde Pichincha y Tungurahua llegaron choferes de tráileres que llevan el bloque a costos más accesibles.

La solución parecía ser perfecta. Pero no todo salió como ellos deseaban. Los choferes y tráileres de Cotopaxi, intimidados por la competencia habrían agredido a los “intrusos”.

“No trabajan ni dejan trabajar”, reclamó Mery Chango, quien también posee una fábrica de bloques en el barrio San Felipe. Para la mujer hay puntos gravísimos: este material de construcción está escaseando en Guayaquil. Los desacuerdos entre ambas partes ya están en las ligas mayores.   

Sin embargo, aquello de amedrentar a los transportistas de otras provincias “no es verdad”, defendió Diego Villavicencio, uno de los propietarios de tráileres, que  a la espera de su máximo líder Jorge Álvarez, buscaba que los fabricantes no se retiren, para mantener una charla y llegar a un acuerdo en beneficio mutuo.

Cuando Jorge Álvarez, presidente del gremio de transporte pesado de Cotopaxi, se dirigió a la multitud. Su propuesta distaba de buscar beneficio de los dos lados. Propuso que se establezca cobrar 0.6 centavos por cada bloque, lo que significaría que un viaje con 6000 bloques costaría  360 dólares y uno con 4000 mil bloques, costaría  240 dólares.

“Son precios imposibles de pagar”, lamentó David Chango, propietario de una fábrica de bloques. La única salida es contratar el servicio de otras provincias pero sin agresiones. Por ello comprometieron a la policía comunitaria de la UPC de San Felipe. Ellos están encargados de proteger a los vehículos de otras provincias de agresiones.

La reunión que se desarrolló desde las 11 hasta pasado el mediodía del viernes 14 de mayo del 2021, reveló la falta de acuerdos y la ausencia de una autoridad que norme la realidad.

Por ahora, los fabricantes de bloque buscarán organización. Están conscientes que necesitan una cabeza visible que los guie y defienda. Durante las próximas semanas mantendrán reuniones. “La unión hace la fuerza”.