Foto: Aproximadamente 25 canes fueron encontrados muertos en ecotachos.

Alrededor de 25 perros callejeros que habitaban en el Albergue Municipal de Latacunga habrían sido “asesinados sin justificación técnica ni legal”, así lo denunció Patricia Montenegro, concejal alterna del cantón.

Aclaró que lo ocurrido con los animales no fue una Eutanasia (muerte sin dolor) sino una masacre. El descubrimiento lo realizó el 2 de febrero, cuando Montenegro pasó por un basurero de Belisario Quevedo, parroquia en donde está ubicado el Alberge Municipal.

Seis de los canes supuestamente asesinados serían los que aparentemente el Municipio “rescató” de la plazoleta oriental de El Salto el 1 de febrero.

El 3 del mismo mes el GAD informó además que “en la residencia canina realizaron las respectivas observaciones, para proceder con su planificación, de cuidado, alimentación y protección respectiva (hogar)”.

A decir de la concejal alterna, el director municipal de Ambiente José Calvopiña, ese día también apareció en un video asegurando que los canes están bien. “No nos merecemos ese tipo de autoridades”, cuestionó Montenegro.

Pero eso no es todo “en el centro de esterilización ni siquiera hay un quirófano; las operaciones se hacen de forma doméstica”, expresó la concejal alterna.

El alcalde de Latacunga, Byron Cárdenas, manifestó que el albergue cuenta con los recursos suficientes para brindar la atención a los canes en un 80%. “El otro 20% tengo que presionar para que compren”.

Anunció que seis funcionarios que trabajaban en este lugar fueron desvinculados. Sin embargo para los animalistas esto no solucionaría el problema.

Por eso presentaron una acción de protección ante el Consejo de la Judicatura de Latacunga este miércoles 16 de febrero. “Esperamos que de esto salga la mejor reflexión; abandonamos a los animales para que la autoridad los rescate y los mate”, enfatizó Montenegro.

A pesar que todo el personal ya fue desvinculado la concejal alterna destacó que no serían todos quienes supuestamente asesinaban a las mascotas sino presumen que eran tres funcionarios en específico: dos médicas veterinarias y la auxiliar de limpieza.

Patricio Coronel, abogado de este caso, informó que existen dos grupos de derechos vulnerados: el derecho a la vida del animal y el segundo las garantías constitucionales con respecto a la administración municipal y cómo debe trabajar porque esto ya sería una vulneración a los ciudadanos.

Aspiran obtener medidas de reparación para que el caso pase a ser una investigación penal. “Utilizaron mecanismos, logística, bienes y recursos de nuestros impuestos, y utilizar fondos públicos es otro delito”, aseguró.