Foto: En el barrio San Felipe

La noche del sábado 1 de mayo de 2021, durante el toque de queda, un hombre de aproximadamente 55 años fue herido con un arma blanca (cuchillo) al interior de un domicilio. Sucedió mientras consumía bebidas alcohólicas junto a otros seis individuos.

Víctor Rivas, jefe de la dirección de Muertes Violetas y Desapariciones (Dinased) de Cotopaxi, informó que el victimario está detenido y podría enfrentar un proceso por tentativa de asesinato; la víctima se encuentra en buen estado de salud; recibió dos puñaladas a la altura de la pierna y el cuello.

“Había mucha sangre, conocemos que frecuentemente ingresan a esta vivienda a consumir licor y sustancias sujetas a fiscalización, es gente crónica con problemas de adicción. Además, hace unos meses también murió una mujer al interior del inmueble por consumo excesivo de alcohol”, contó Rivas.

Un morador del sector, quien prefirió mantener su identidad en reserva por temor a represalias, aseguró que los habitantes permanecen en zozobra porque en el sitio frecuentan personas de dudosa procedencia que incluso “amenazan a los transeúntes”.

Requieren atención inmediata para solucionar las diferentes problemáticas que se derivan como: escándalo público, calles convertidas en baños, riñas callejeras, personas apuñaladas, entre otras, a propósito de la emergencia sanitaria.

Para Patricio Coronel, abogado en libre ejercicio, el Estado puede intervenir o allanar la propiedad privada solo bajo tres escenarios principales: una orden de un juez, delito flagrante o casos de obvia emergencia y necesidad.

En el primer escenario explicó que se necesita la orden de un juez para entrar a una propiedad privada a detener a una persona que ya tiene una orden de privación de libertad y para recuperar bienes robados o que vayan a ser prueba en un juicio o una investigación.

Añadió que sin la orden de un juez, la fuerza pública puede ingresar a una casa cuando se esté persiguiendo a una persona que acaba de cometer un delito dentro de las 24 horas desde que lo cometió; cuando se trate de impedir un delito que se está realizando, también para socorrer a víctimas de delitos o incluso accidentes que puedan arriesgar la vida; también en casos de violencia intrafamiliar para recuperar a una persona agredida o cuando el agresor esté armado o ebrio; y, obviamente, cuando se trate de situaciones de emergencia como incendios, calamidades naturales o explosiones.

“La propiedad privada no puede ser clausurada. Si una persona conoce que en un inmueble se están cometiendo delitos, lo que debe hacer es denunciar formalmente, así la Fiscalía podría iniciar investigaciones y eventualmente se harían allanamientos. De otra forma, la Policía solo podría ingresar si está viendo que en ese momento se comete un delito”, mencionó Coronel.

William Bastidas, presidente del barrio San Felipe, dijo que se colocará una alarma comunitaria para 250 usuarios y una cámara de seguridad en este sector del barrio (calles Raymundo Torres y Cuba). “Aspiramos hacerlo en un mes como un plan piloto”, dijo.

Agregó que las tiendas en los alrededores no pueden abastecer de licor a los transeúntes en horarios no permitidos, ni tampoco vender para que consuman en los exteriores de los locales. “Deben cumplir con las disposiciones que constan dentro de sus permisos”, expresó Bastidas.

Aseguró que esperan la posesión de las nuevas autoridades en la provincia para firmar acuerdos y dar posibles soluciones en el barrio que, a criterio de los moradores ya son varios años sin tener respuestas.