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¡Aprobada Ley de Extinción de Dominio! ¿Y para cuándo recuperamos lo robado?

¡Femicidios, las cifras que alarman en la pandemia!

Foto: Paulina Cajilema, abogada en libre ejercicio.

La Asamblea Nacional aprobó sorprendentemente sin ningún voto negativo, la Ley de Extinción de Dominio, menciono sorprendentemente porque fue por segunda ocasión que se conoció en el pleno esta ley. En el primer debate no se alcanzaron los votos suficientes bajo el argumento de la inconstitucionalidad, es decir, que esta no se regía al cumplimiento de los derechos establecidos en nuestra constitución.

Esta ley genera bastante expectativa en la población, al ser una normativa que pretende recuperar todos los activos y patrimonios obtenidos por actos de corrupción, incluso si se encuentran a nombre de terceros.  Aquí podemos encontrar la respuesta del ¿por qué? hoy la Asamblea emite un voto favorable. Nos encontramos en una etapa electoral y la propuesta principal de los candidatos es la lucha anticorrupción, por eso esta oportunidad no podían desperdiciarla para vestirse de honestidad, considerando que según CEDATOS, la Asamblea Nacional solo tiene el 2% de aceptación y credibilidad.

La importancia de esta ley radica en que es un instrumento esencial para la ejecución de las estrategias contra el crimen organizado, cumple un papel fundamental en la desarticulación de organizaciones y redes criminales. Además, se ha planteado que se aplique de manera retroactiva, esto implicaría que incluso los casos que no obtuvieron una sentencia, hoy pueden ser investigados, es decir ¡nadie se salva!

El presidente del Ecuador Lenín Moreno anunció que en los últimos 10 años anteriores a su gobierno, el país ha perdido más 70 mil millones de dólares por actos de corrupción, a este monto le sumariamos el dinero de los demás actos conocidos en el contexto de pandemia, como los casos: IESS, Prefectura del Guayas y otros. Con este contexto podemos imaginarnos, ¿cuál es la deuda que la corrupción nos deja al país?  

Por eso, es urgente incautar todos los activos y bienes frutos de actos ilícitos para sumarlos al presupuesto general del Estado, para indemnizar a las víctimas y para garantizar el cumplimiento de los derechos afectados, como: educación, salud, trabajo, vivienda etc.

En la presente ley se debe hacer énfasis para que se respete el debido proceso, realizar una investigación eficiente, con fiscales probos, con un juicio justo, garantizando los derechos procesales a las personas involucradas en actos ilícitos, pero ya en el marco constitucional, se debe suspender los derechos de participación política, y civiles a los involucrados, es decir, no pueden ser candidatos, funcionarios públicos, ni tener contrataciones con el Estado para precautelar actos reincidentes.

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