AL GOBIERNO NO LE IMPORTA LA SEGURIDAD

Eduardo Vargas

Eduardo Vargas, abogado en libre ejercicio.

La problemática de la seguridad no solo recae en la Función Ejecutiva que está a cargo del Presidente Lasso sino también en la Función Judicial y en la Fiscalía General del Estado, puesto que en la actualidad se vive el “desbordamiento del derecho penal” es decir, el derecho penal tiene un amplio alcance en el cual, existen conductas que no deberían estar tipificadas como delitos, puesto que se está tomando en cuenta al derecho penal como un mecanismo para solventar la problemática social, lo cual es un error y por ello existe el hacinamiento carcelario, así también consta el comportamiento de determinados jueces y de la fiscalía en dos situaciones.

Primer problema, el ámbito de la aplicación excesiva de la prisión preventiva, ya que, esta figura legal es una medida de aseguramiento que permite que la persona que va a ser procesada pueda comparecer en el proceso penal y evitar su fuga, pero no solo la medida para asegurar que la persona comparezca en el proceso penal es la prisión preventiva porque existe un cumulo de medidas que pueden ser aplicables y no solo la antes mencionada, pero esta es buena para justificar el trabajo.

La prisión preventiva incluso por mandato de los órganos internacionales de protección de DD. HH tiene que ser aplicada de manera excepcional, porque no es dable que una persona que está siendo recién procesada para determinar su responsabilidad esté privada de la libertad como una pena anticipada, solo en casos en donde sea relevante el riesgo de fuga se tiene que aplicar, es decir, no soporta que una persona que está siendo investigada por un delito menor tenga que solicitar la prisión preventiva, es común que nuestra fiscalía siempre y por cualquier cosa solicite prisión preventiva y para colmo de males, los jueces que supuestamente son garantistas de derechos la aceptan sin problema alguno, sin realizar un análisis de verificación de otro mecanismo útil para conseguir el aseguramiento de comparecencia a juicio, recuerden, la prisión preventiva es de ultima ratio caso contrario no se queje del hacinamiento carcelario.

En el segundo problema no solo tiene responsabilidad el sistema de rehabilitación social sino los jueces en el ámbito de ejecución de las penas con los beneficios que están establecidos en la ley en favor de una persona que ha cumplido con el 60% de su condena, ya que el PPL, puede solicitar el cambio de régimen, es decir,  una cambio de régimen como el semi-abierto pero estos beneficios no funcionan y muy poco se aplica, a pesar de ser una opción adecuada que puede solventar el hacinamiento, porque las personas podrían acceder de manera rápida a otra fase de régimen penitenciario y ya no estarían dentro de los principales centros de privación de la libertad, la problemática carcelaria tiene su enorme dificultad por el hacinamiento que en muchos de los casos bordea el 50%, entonces, la responsabilidad es de fiscalía porque usa de manera arbitraria la figura de la prisión preventiva y los jueces la conceden sin inconveniente.

Por otro lado, la factura de estas malas prácticas profesionales en el ámbito internacional es el ser catalogados en un situación de alarma, además el país ya tiene condenas por estas malas prácticas profesionales, recordemos que los PPL se encuentran bajo la protección del estado, en nuestro ordenamiento constitucional se manifiesta que son parte de los grupos de atención prioritaria, es por ello que el Estado debe generar políticas publicas preferenciales por su situación, pero el estado ha realizado todo lo que no debe hacerse y por ello de manera obvia, las condenas en el ámbito internacional no se harán esperar y el Estado deberá resarcir todos esos daños.

Si se realizara un análisis con respecto a la contabilización de víctimas de estas masacres carcelarias, nos daríamos cuenta que hace tiempo superamos las 400 personas, estas masacres no solo se han realizado en el actual gobierno, puesto que él heredó el problema y por ende tiene que asumirlo, (por algo se dijo que al Ecuador le arreglará en 100 minutos) pero la principal masacre carcelaria se efectuó en febrero del año 2021, es decir, cuando el actual presidente fue elegido e iba a iniciar su mandato en el mes de mayo, en ese momento fue cuando empezó y se desbordó el problema con las masacres, sin embargo, el presidente dice de  manera campante que “está solucionando la situación” en las redes sociales muestra reuniones con el equipo de seguridad, hace video de sus visitas, realiza sobrevuelos, indica traslados, suscribe estados de excepción, pero en la práctica la problemática no se soluciona, se sigue produciendo situaciones de alarma en las cárceles; para muestra un botón; en la presente semana hubo problemas en la cárcel del Inca con varios muertos y esto va incrementado la lista de PPL que han estado bajo la protección del estado y que han fallecido bajo la mirada cómplice del mismo Estado, lo curioso es que supuestamente la mencionada cárcel es una de las menos peligrosas y donde menos problemas existen, puesto que las instalaciones de la cárcel del Inca fueron diseñadas como un centro transitorio, es decir, donde se encuentran las personas que no han sido sentenciadas, sino que están a la espera de recibir su condena o personas que están bajo la prisión preventiva como medida de aseguramiento o personas que están cumpliendo una pena por no pago de pensiones alimenticias, es por ello que no se entiende cómo ese centro de privación de la libertad puede estar albergando personas condenadas por delitos atroces como narcotráfico, mucho menos se logra comprender cómo el SNAI quiere hacer funcionar al sistema de rehabilitación social, simplemente inaceptable.

Para finalizar, la problemática no solamente pasa por una reforma legal y tampoco por los decretos de excepción o por medidas aisladas como los traslados o cambios de la población carcelaria, sino hay que partir por la aplicación de una política real, en la que todas esas medidas confluyan en un verdadero programa que busque lograr un objetivo, bajo esas circunstancias, es necesario generar no solo una política de seguridad ciudadana en donde se atienda el ámbito de la rehabilitación social sino de la inversión social, es decir, no es menos cierto que la principal población que es adepta a estas bandas criminales, sea una población que se encuentra en extrema pobreza porque la violencia se concentra justamente en zonas del litoral ecuatoriano y en zonas en donde el acceso a servicios básicos y los índices de pobreza son extremadamente altos, es justamente por personas que viéndose en una situación de pobreza tienen como único mecanismo acceder a estas bandas criminales, es decir, la violencia que existe en los centros carcelarios se ve reflejado en las calles del país así como en el presupuesto general del estado en donde el Estado pretende retirar el dinero asignado para la seguridad de los ciudadanos  hasta en un 30%, lo que quiere decir que el Gobierno Nacional no tiene la intención de resolver ningún problema. Gracias le queremos dar señor Presidente porque ha firmado nuestra sentencia de muerte.    

Publicidad

Noticias Relacionadas

Abrir chat
1
Necesitas ayuda?
Contáctate con nosotros
Hola, en qué podemos ayudarte?