Foto: Principales autoridades de Cotopaxi.

Después de una jornada de movilizaciones de parte de las comunidades indígenas y campesinas, la Prefectura de Cotopaxi, entidades del Gobierno Nacional, dirigentes indígenas y representantes de las empresas brocoleras de Cotopaxi, establecieron seis acuerdos para contrarrestar la emergencia ambiental.

Los acuerdos inician especificando que la Comisión Interinstitucional Pública controlará de cerca las actividades de los empresarios para descartar la teoría de los supuestos bombardeos. Para estas prácticas existe la predisposición de la Asociación de Productores Ecuatorianos de Frutas y Legumbres (Aprofel).

Se exhortará además al Gobierno Nacional para declarar en emergencia ambiental a la provincia, y se solicitará a la Dirección General de Aviación Civil, la suspensión de los vuelos sobre las zonas deprimidas (cordillera occidental).

A esto se suma el levantamiento del catastro del agua en Cotopaxi para un análisis de la redistribución del líquido vital, y programas para el manejo integral de los páramos bajo la corresponsabilidad de las organizaciones, instituciones públicas, y empresas agroindustriales

Sin embargo, una vez establecidos los acuerdos, los dirigentes indígenas manifestaron que continuarán con las medidas de hecho en las empresas brocoleras hasta el día jueves, porque ya no creen en la firma de convenios, ni en reuniones de diálogos. Así lo confirmo José Vega, dirigente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (Micc).

Mientras que Xavier Dávalos, representante de los empresarios brocoleros, aseguró que es una decisión injusta porque la situación económica que atraviesa este sector desde las movilizaciones de octubre de 2019, ha generado pérdidas cuantiosas y hasta la actualidad, no se han podido recuperar.

Aseguró que se trata de un tema político y que hay quienes intentan buscar protagonismo a través de este tema. Descartó los posibles bombardeos y reiteró que en Cotopaxi no existe tal tecnología.